Violencia en Wallmapu: cómo se impuso y cómo superarla

En días recientes hemos visto como nuevamente hechos de violencia acaban con la vida y ponen en peligro la integridad de personas, lesionando gravemente la convivencia interétnica en el Wallmapu, territorio ancestral mapuche, en la parte sur de Chile.

La muerte de un comunero mapuche a manos de carabineros, ocurrida durante una acción de sabotaje en contra de una faena forestal, en la cual un trabajador resultó gravemente herido por disparos de encapuchados, a lo que siguió la quema de maquinarias y vehículos forestales en días posteriores, hechos auto adjudicados por referentes mapuche, dan cuenta del recrudecimiento de la violencia en esta parte del país.

Se trata de hechos lamentables y condenables cada vez más frecuentes que no nos pueden, ni nos deben dejar de impactar.  Con preocupación percibimos que se impone una lógica de guerra, que desde el Estado y sectores de la sociedad chilena por un lado se alienta, y que algunos sectores del pueblo mapuche por otro, parecen tentados a seguir. Ello ocurre justamente en momentos en que se inicia el trabajo de la Convención Constitucional a través del cual se busca precisamente nuevas formas de convivencia entre el estado chileno y los pueblos indígenas, objetivo que dichos sectores parecieran con sus acciones empeñados en impedir.

Como en la mayor parte de las situaciones de escalamiento de la violencia, sabemos cómo estas se inician, pero no como terminan. Así sabemos, o deberíamos saber a estas alturas -si tenemos algún conocimiento de la historia de Chile- cómo se originó el conflicto en esta parte del país.  Fue hace ya casi cinco siglos atrás a través de una guerra de conquista, también conocida por la historiografía tradicional como la guerra de Arauco, mediante la cual los españoles ocuparon un territorio hasta entonces habitado y controlado por el pueblo mapuche, intentando  someter a sus integrantes y  a su territorio al dominio de la corona.

Como también sabemos que, aunque los españoles fueron exitosos en su intento por dominar parte del territorio mapuche – el pikun mapu – en el centro del país,  no lo fueron al sur del Bío Bío. Como consecuencia de la resistencia mapuche los primeros se comprometieron a través de parlamentos o tratados, a respetar sus territorios y autoridades  al sur del Bío Bío. Más tarde, sin embargo, el Estado de Chile, incumpliendo  lo convenido en dichos acuerdos, así  como también en aquellos que fueron suscritos por sus primeros gobiernos, mantuvo la lógica de la guerra. Ello al invadir el  Wallmapu en la segunda mitad del siglo XIX y  al reducir a  este pueblo a un 5 por ciento de sus tierras al sur del Bío Bío,  sometiendo  a integrantes  a sus leyes y gobiernos.

No bastando lo anterior, durante el Siglo XX, el estado dividió sus tierras comunitarias, promovió   su apropiación por particulares, dando origen al latifundio en la zona,   imponiendo su lengua y cultura,  a fin de consolidar  el despojo y la dominación mapuche.   Durante la dictadura cívico militar ese proceso no solo se vio acelerado, sino  que se  promovió  el desarrollo por privados de iniciativas forestales, hidroeléctricas, piscícolas, proceso que se mantiene hasta hoy y, que por su magnitud, algunos mapuche denominan la tercera invasión  de Wallmapu.

El caso más crítico es el de la expansión forestal, la que hoy ocupa más de dos millones al sur del Bío Bío, 1.5 millones en manos de dos grandes conglomerados, en contraposición con el millón de hectáreas  que el estado hoy reconoce a un  pueblo de casi dos millones de integrantes.  Los monocultivos forestales no solo se han instalado sobre tierras de ocupación tradicional mapuche, sino que han empobrecido los ecosistemas y biodiversidad, así como sus economías tradicionales incrementando la pobreza material, hecho constatado por los indicadores oficiales (Casen 2020), deteriorando sustancialmente la convivencia  interétnica e intercultural en todo Wallmapu.

Frente a la protesta inicialmente pacífica impulsada por los mapuche frente a esta realidad desde hace al menos dos décadas, el estado respondió con todo su aparataje policial y legal, ejerciendo violencia física en contra de las comunidades y sus familias. Ello resultó en la muerte de al menos una decena de integrantes de comunidades, en innumerables casos de tortura y tratos crueles en contra de los mismos, incluyendo casos que afectaron a niñ@s, mujeres y ancian@s. También resultó en la persecución de centenares de líderes mapuche , los que han sido víctima de largos procesos judiciales,  prolongada prisión preventiva , y condenas contrarias al debido proceso como lo ha  señalado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Aunque las demandas del pueblo mapuche son desde una perspectiva histórica y contemporánea legítimas,   y condenemos que el Estado chileno haya impuesto a sangre y fuego su visión e intereses sobre  los del pueblo mapuche,  tampoco  podemos,  desde la perspectiva de los derechos humanos, justificar el pasar por encima de la vida y la integridad de otros sectores que habitan el Wallmapu. El peligro es grande.

Incumpliendo sus obligaciones adquiridas al amparo de la ley  sobre indígenas (19.253 de 1993) y  del Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile el 2008,  y sin respuesta adecuada del Estado  – más allá de la compra de tierras reduccionales usurpadas – a las demandas del pueblo mapuche, entre las  que se incluye la salida de las forestales de Wallmapu, y el reconocimiento de los territorios de uso y ocupación tradicional junto con formas de autonomía y control de los mismos,  como era previsible , la respuesta de algunas de sus organizaciones mapuche se ha tornado cada vez más frontal. Ella ha incluido el desarrollo  de acciones de fuerza en contra de bienes, en particular aquellos de propiedad de las forestales, acciones que en no pocos  casos han  afectado la vida e integridad de un número igualmente no menor de personas no mapuche.

Teniendo claridad entonces de cómo se ha generado la violencia en esta parte del país,  y la responsabilidad que cabe al Estado y la sociedad chilena en ello, cabe preguntarse entonces ¿cómo salimos de este espiral de violencia? ¿cómo salimos de la lógica de la guerra?

Conflictos interétnicos como el que hoy se vive en Wallmapu no son poco comunes en el mundo. Ellos existen en muchos estados  excluyentes auto concebidos como monoétnicos.  La experiencia demuestra que de ellos han sido abordados o a través del dialogo y el entendimiento,  o del enfrentamiento.  Sabido es que el camino del  enfrentamiento, de la guerra, tiene tanto desde la perspectiva estratégica como de los derechos humanos serios peligros. Desde la primera perspectiva, estas suelen tener como triunfantes a quienes tienen el monopolio de las armas, cuestión que en este caso claramente pone al estado chileno en una posición de privilegio por sobre organizaciones mapuche que actualmente reivindican el uso de la fuerza.

Pero más importante que ello,  aunque  las demandas del pueblo mapuche son desde una perspectiva histórica y contemporánea legítimas,   y condenemos que el Estado chileno haya impuesto a sangre y fuego su visión e intereses sobre  los del pueblo mapuche,  tampoco  podemos,  desde la perspectiva de los derechos humanos, justificar el pasar por encima de la vida y la integridad de otros sectores que habitan el Wallmapu. El peligro es grande.

Posiblemente conscientes de ello, y basado en la larga tradición mapuche de parlamentar, es que una parte no menor del movimiento mapuche apostó al proceso constituyente como una alternativa para  abordar y superar los conflictos históricos y presentes con el estado y la sociedad chilena.  Tal como los representantes mapuche, así como de otros pueblos indígenas que participan de la Convención Constitucional mediante el mecanismo de  escaños reservados han señalado, a través de su participación en esta instancia  se aspira a refundar el “estado-nación” excluyente hasta ahora existente, para dar paso al reconocimiento de Chile como estado plurinacional.  Junto a ello apuestan a que la nueva Constitución que emane de ella establezca las bases de una futura convivencia basada en los derechos colectivos que como pueblos les corresponden, entre ellos la libre determinación y autonomía, a la tierra y el territorio.

Dada la gravedad del contexto actual, sin embargo, y teniendo presente que un acuerdo constitucional que emane de la Convención que establezca las nuevas bases de una convivencia entre el Estado, el pueblo mapuche y los demás pueblos indígenas tomará tiempo,  es que se requiere con urgencia y en el corto plazo de la generación de instancias de dialogo para abordar los temas más urgentes  de la convivencia interétnica e intercultural en Wallmapu, impidiendo así que el escenario de violencia siga en aumento.

Constatando que las autoridades del gobierno actual, en sus últimos meses en el poder, y luego de su fracasada gestión del conflicto en Wallmapu, carecen de credibilidad para convocar a espacios de conversación y entendimiento,  pensamos que, con el asentimiento de ambas partes,  este podría ser convocado desde entidades como el Sistema de Naciones Unidas, o el Sistema Inter Americano de Derechos Humanos, o en su defecto, desde  centros de mediación internacional de trayectoria en  negociaciones de paz.

Tanto el proceso constituyente como la convocatoria a instancias de dialogo urgente entre el pueblo mapuche y el estado constituyen herramientas fundamentales para revertir un espiral de violencia creciente que hoy se vive en Wallmapu, así como para avanzar hacia nuevas formas de convivencia intercultural basadas en el respeto a los derechos de los pueblos y las personas que aquí habitamos.

Estamos en un momento crucial: o se buscan caminos de entendimiento interétnico en Wallmapu o se consolida la lógica de la guerra. Apostamos a lo primero.

Los autores de esta columna son Lorena Arce Letelier, José Aylwin Oyarzún, Rubén Sánchez Curihuentro y Hernando Silva Neriz, integrantes del Observatorio Ciudadano.

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